Desigualdad en Chile

Escrito en conjunto con Marcela Perticará y publicado en la Revista Observatorio Económico de la Universidad Alberto Hurtado (ver)

Cada vez que la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Encuesta CASEN) entrega sus resultados, se reabre el debate sobre los niveles y cambios en la pobreza y desigualdad del ingreso en Chile. Existe siempre mucha expectativa por definir si ha habido una caída (o no) en estos indicadores, tanto que en algunas ocasiones , el debate público frente a estos resultados se ha tornado ácido con culpas que van desde un sector político a otro. Inclusive, durante la administración pasada, aparecieron acusaciones de manipulación de estadísticas debido a que se  había cambiado la metodología de ajuste de los ingresos.

Esto contrasta con la entrega de este año, en que la CASEN 2015 pasó casi desapercibida. Hubo mucho menos propaganda que en períodos pasados pese a que los resultados no eran malos pues mostraron que la pobreza medida por ingresos ha caído de manera sistemática en los últimos dos años, mientras que los indicadores de distribución del ingreso (autónomo sin considerar transferencias monetarias del gobierno) se mantuvieron relativamente estables con una leve caída en el período 2013-2015 (ver Gráfico 1).

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En un contexto como el actual, con  un debilitamiento del mercado laboral, resulta interesante evaluar los cambios que pudieran haberse producido en la distribución del ingreso en los últimos 10 años luego de un par de crisis importantes y de la implementación de las reformas en el sistema de pensiones y además del gran entramado de programas sociales que otorgan algún tipo de subsidio monetario a los hogares más vulnerables de Chile[1].

Pero los indicadores tradicionales de desigualdad de ingresos, como el presentado en el Gráfico 1, pueden esconder diferencias importantes asociadas a heterogeneidades inherentes a características socio-demográficas de la población, y por tanto podrían dar una idea errónea del estado de la desigualdad para diferentes grupos de la población. La edad o ciclo de vida es sin duda una fuente de heterogeneidad importante al estudiar la desigualdad de ingresos, ya que las personas, en las distintas etapas de su vida, enfrentan diferentes condiciones laborales y pueden estar expuestos de forma distinta a programas sociales. Adicionalmente, características tales como el género y el nivel educativo de las personas también pueden ser fuentes relevantes de heterogeneidad que exacerban el efecto del ciclo de vida. Dado lo anterior, en este artículo tratamos de realizar un ejercicio que nos permita separar los efectos del ciclo de vida sobre las medidas de desigualdad, de tal manera de medir la desigualdad de ingreso al interior de distintos grupos etarios.[2] En el análisis nos concentramos en los hogares y definimos la edad del hogar como la del jefe del mismo. Adicionalmente, separamos el análisis por género y nivel educativo del jefe de hogar. Así, por ejemplo, con las medidas presentadas más adelante podemos analizar cómo ha cambiado la desigualdad de ingresos, en los últimos 10 años, entre los hogares jóvenes cuyo jefe de hogar es una mujer educada.

El análisis en base a distribuciones condicionales del ingreso por tramo de edad, permite observar que los indicadores de distribución del ingreso convencionales esconden una alta heterogeneidad en la posición relativa de los hogares de acuerdo al ciclo de vida. En particular la inequidad de ingresos es mayor para hogares con jefes hombres de avanzada edad y para hogares de mujeres jóvenes. En la última década, la distribución de ingresos antes de subsidios ha mejorado levemente para los hogares con cabeza mujer (independientemente de su edad), y para los hombres jóvenes, pero no así para hogares con jefes hombres mayores de 60 años. Ahora bien, cuando consideramos subsidios, claramente la política pública (sin considerar un criterio de costo-beneficio) ha mejorado de manera importante la distribución del ingreso para todo tipo de hogar. Pareciera que la mejora es mayor para hogares con jefaturas femeninas más jóvenes y para hogares con jefaturas masculinas de mayor edad (ver Gráfico 2).

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Un análisis similar puede hacerse según el nivel de calificación del jefe de hogar, notándose un patrón similar, en el sentido que (antes de subsidios), las mejoras son fundamentalmente en hogares con cabezas más jóvenes; después de subsidios, la mejora es muy grande para trabajadores de baja calificación (sin ningún título superior), y en particular hogares con jefes de edad mayores de 60 años. Como era de esperarse, para los trabajadores calificados la incidencia de los subsidios es casi nula (ver Gráfico 3). Nótese que la inequidad de ingresos es bastante más estable por edad de jefe para los trabajadores calificados en el año 2015, pero tiende a aumentar para hogares con jefes mayores de 60 años (ver Gráfico 4)

grafico3_desigualdad

grafico4_desigualdadPara concluir, tanto las estadísticas de pobreza como las de distribución del ingreso muestran mejoras en los últimos años. La distribución del ingreso en particular, parece haber mejorado en los últimos 10 años, aunque existen importantes heterogeneidades de acuerdo al ciclo de vida del hogar. En particular, sin considerar los subsidios monetarios, la inequidad del ingreso es alta en hogares con jefes mayores de 60 años, aunque ciertamente el actual esquema de protección social compensa en la dirección correcta. Este efecto es particularmente fuerte, como era de esperarse en el segmento de hogares con jefes no calificados. En los hogares con jefes calificados, es claro el efecto del sistema de pensiones, por cuanto la inequidad de salarios crece justamente para el segmento de hogares con jefes en edad de pensionarse. Con todo, sin considerar los costos del sistema de protección, es claro que la política de focalización de subsidios parece haber sido efectiva en mejorar la distribución de ingresos.

[1] Según el Banco Integrado de Programas Sociales (http://www.programassociales.cl/programas), existen al cierre del año 2015, 22 programas que otorgan algún tipo de ayuda monetaria directa, de bolsillo (247.703 millones de pesos), mientras que hay 297 programas sociales, que otorgan algún tipo de beneficio ($5.086.787 millones de pesos).

[2] Calculamos medidas de desigualdad condicionales en la edad usando técnicas no paramétricas descritas en Gerfin (1994) “Income Distribution, Income Inequality and Life Cycle: A Nonparametric Analysis for Switzerland”. Usamos este enfoque para evitar definir grupos etarios de forma arbitraria. Para medir la desigualdad, usamos el índice de Atkinson. Este índice mide la desigualdad de manera diferente al ampliamente usado índice de Gini, ya que permite incorporar en la medida una valoración sobre los ingresos más bajos (o más altos) de la sociedad. En el caso de este ejercicio, les damos más importancia a los hogares de bajos ingresos, emulando así una sociedad con mayor aversión a dichos ingresos.

 

Incremento en la Tasa de Cotización: El quién no importa, pero sí el dónde

Publicado también en la Revista Observatorio Económico de la Universidad Alberto Hurtado.

Recientemente el Gobierno anunció una serie de propuestas para modificar el actual sistema de pensiones. Cada una de ellas merece y -de hecho lo está generando- un amplio debate público sobre sus potenciales virtudes y fallas. Una de las principales medidas propuestas es el aumento gradual de la tasa de cotización en cinco puntos porcentuales, con cargo exclusivo del empleador y con destino a un fondo de ahorro solidario con aportes adicionales del Estado. La justificación de tal medida descansa en que comparativamente, y así lo  enfatiza la misma comisión asesora presidencial sobre el sistema de pensiones, Chile tiene una de las tasa de cotización para las pensiones de vejez más bajas de entre los países de la OCDE y la totalidad de la misma recae sobre el trabajador. En efecto, la tasa de cotización es de 10%, siendo el promedio para los países de la OCDE alrededor de 19% con un aporte del empleador de poco menos de 60% sobre dicha cotización. Existe consenso, entonces, respecto de la necesidad de un ajuste sobre la tasa de cotización para incrementar los ingresos durante el periodo de jubilación.[1] No obstante, las preguntas naturales que trae consigo esta propuesta se refieren, en primer lugar, al efecto que el incremento en las cotizaciones tendrá sobre el mercado laboral (y en específico sobre los salarios y el empleo). En segundo lugar, sobre si es relevante que la cotización adicional recaiga sobre el empleador o sobre el trabajador. Y, finalmente, si hace diferencia el destino que tendrán los recursos adicionales asociados a las mayores cotizaciones.

Para analizar el potencial impacto de aumentar las cotizaciones con cargo al empleador (denominados en general, impuestos al trabajo) en el mercado laboral, hay que entender que los impuestos puros al trabajo incrementan los costos laborales de las empresas, modificando así sus decisiones de contratación. Esto al final lleva a una reducción en los salarios y el empleo potencial. El efecto sobre los salarios se reflejará en  el hecho que el  empleador tratará de traspasar parcial o totalmente la carga del impuesto al trabajador. El aporte final de empleadores y trabajadores dependerá de cuán sensibles sean la demanda y la oferta de trabajo a cambios en los salarios. En particular, mientras más insensible sea la oferta y/o más sensible sea la demanda, una mayor proporción del pago del impuesto será transferido a los trabajadores vía menores salarios. Por su parte, la reducción en el empleo ocurre porque los salarios más bajos (post-impuesto) desincentivan la oferta laboral de aquellos trabajadores que en el margen estaban dispuestos a trabajar al salario pre-impuesto. Es importante señalar que este análisis supone que los trabajadores no reciben ningún beneficio de los impuestos que “indirectamente” están pagando. Por supuesto que este no es el caso en la práctica, sin embargo es útil describir esta situación por razones que quedarán claras más adelante.

Actualmente los impuestos al trabajo que están a cargo del empleador están compuestos por los aportes al seguro de cesantía y a los seguros de Invalidez y Sobrevivencia y Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Todos los anteriores son impuestos que van en directo beneficio del trabajador, y por tanto no pueden ser definidos como impuestos puros al trabajo. Así, el efecto de la tasa de impuesto debería descontar la valoración que los trabajadores le dan a los beneficios de la seguridad social. En otras palabras, el vínculo entre ambos radica en que el impuesto que indirectamente pagan los trabajadores está comprando beneficios sociales para ellos. En este contexto, los trabajadores estarán dispuestos a trabajar más por un menor salario líquido, sólo si perciben que son propietarios de dichos beneficios, siendo entonces, su valoración de los mismos, el determinante de su disposición a ver reducido su salario líquido. Si ante un aumento en los impuestos, cada peso adicional pagado por el empleador es valorado en la misma cuantía por el trabajador, este último estará dispuesto a reducir su salario líquido en el monto total del impuesto.[2] El efecto de los impuestos sobre el empleo, en este caso, será nulo y el ajuste total vendrá por el lado de los salarios.

Existe una serie de estudios basados en las experiencias que diversos países han tenido respecto de cambios en las estructuras de sus cotizaciones, para analizar y cuantificar sus efectos sobre el mercado laboral. Estudios para países desarrollados, muestran que los empleadores traspasan con relativa facilidad los costos laborales a salarios y que en algunos casos el traspaso es completo (100%)[3]. En países en desarrollo se observa el mismo fenómeno, pero algo más atenuado, siendo la tasa de traspaso superior al 50% en la mayoría de los casos. Finalmente, de acuerdo al Banco Mundial[4], el caso latinoamericano muestra una alta heterogeneidad en el traspaso de las contribuciones a los salarios, con tasas que varían entre 20 y 70%. Sólo el caso de Chile, en la reforma previsional de principios de los años 80, cuando las contribuciones de las empresas a la seguridad social se redujeron de 30 a 8.5%, el traspaso estimado a mayores salarios fue del 100%[5]. Con todo, los empleadores trasladan a salarios los cambios en las contribuciones, aunque la intensidad con que lo hagan depende de las particularidades de cada mercado laboral. El efecto sobre las empresas es claro: reducen su demanda laboral ante un aumento en las contribuciones y viceversa. Las diferencias de intensidad radican entonces en la respuesta de los trabajadores, , pero además dependen del grado de rigidez salarial presente en el mercado. Por ejemplo, mercados laborales con salarios mínimos relevantes no verán afectados sus salarios y será el empleo el que se ajuste, o mercados con sindicatos fuertes mostraran asimetrías en el traspaso a salarios, ya que los ajustes salariales al alza típicamente no tienen resistencia, pero sí la tienen los ajustes a la baja.

Para tener una idea de magnitudes respecto del efecto sobre el empleo, realicemos un cálculo simple usando estimaciones para Chile de la sensibilidad de la demanda y la oferta de trabajo a cambios en los salarios[6], y bajo distintos supuestos respecto de la percepción de propiedad de los beneficios de las cotizaciones. Esta última podemos entenderla como el porcentaje de dichos recursos que, en el extremo, van destinados a las cuentas individuales de los trabajadores.

El gráfico 1 muestra para cuatro grupos de trabajadores, hombre y mujeres, calificados y no calificados, el efecto del aumento de las cotizaciones sobre el empleo. Si en el extremo, los trabajadores no perciben ningún tipo de apropiación sobre los beneficios de las cotizaciones (en cuyo caso tendríamos un impuesto puro al trabajo), la reducción del empleo será de entre 2 y 3%. Con esto, y suponiendo que no existe ajuste por horas trabajadas, se perderían un máximo de 55 mil empleos, asociados a trabajadores no calificados hombres, y un mínimo de alrededor de 15 mil empleos, asociados a mujeres calificadas. Los efectos más importes se observan sobre hombres y sobre trabajadores no calificados. Así mismo, el traspaso a salarios será de poco más de un punto porcentual. En el otro extremo, cuando los trabajadores perciben la totalidad de la propiedad de los beneficios, no existen efectos sobre el empleo y como es de esperarse, el ajuste de los salarios es de 5% a la baja. Si bien estas estimaciones muestran magnitudes relativamente pequeñas, es importante señalar que implicito en ellas está la presunción que el mercado laboral es completamente flexible, que los trabajadores pueden ubicarse en nuevos empleos sin dificultad y que los salarios son fácilmente ajustables. En la práctica, sin embargo, esto no siempre ocurre y el mercado de trabajo está lleno de imperfecciones y rigideces salariales, haciendo que estas estimaciones sean en realidad un piso para el posible efecto del alza en las contribuciones sobre el empleo.

graficocotizacion

En suma, es irrelevante si las mayores cotizaciones son pagadas por el empleador o por el trabajador, ya que los primeros traspasarán parcial o totalmente los aumentos en los costos laborales a los segundos. Ahora bien, para reducir posibles efectos indeseados sobre el empleo, los trabajadores debieran percibir como propios los beneficios de los impuestos que indirectamente están pagando. Una manera de lograr esto es que, si no el 100%, la mayoría del aporte adicional del empleador a las cotizaciones vaya a parar a las cuentas individuales de los trabajadores, con lo que el componente potencialmente solidario del nuevo sistema de pensiones no se logra.  Las estimaciones aquí presentadas, consideradas bajo un mundo ideal con salarios flexibles y plena movilidad de trabajadores, no predicen fuertes caídas del nivel de empleo. La realidad en el corto plazo (con salarios rígidos a la baja)  puede ser algo más dramática.

[1] Cabe señalar que un problema importante asociado y que deberá ser tratado en conjunto con el aumento de las cotizaciones, es el del exceso de lagunas laborales. En efecto, los esfuerzos para elevar las cotizaciones serán estériles sino se logra aumentar la periodicidad de las mismas. Este problema está radicado en la estructura del mercado laboral y requiere de un amplio debate.

[2] El análisis de valoración de los impuestos al trabajo fue introducido por Summers (1989) en su artículo “What Can Economics Contribute to Social Policy?”  y ha sido ampliamente usado en la literatura sobre el tema.

[3] Azemar y Desbordes (2010) en el artículo “Who Ultimately Bears the Burden of Greater Non- Wage Labour Costs?”.

[4] Extraído del “Synthesis Report: Human Development Sector Unit, Europe and Central Asia Region” del Banco Mundial 2009.

[5] Gruber (1997) en el artículo “The incidence of Payroll Taxation: Evidence from Chile”.

[6] La estimaciones de la elasticidad de la demanda de trabajo provienen de Fajnzylber y Maloney (2001), en tanto que las de la elasticidad de la oferta laboral de Mizala, Romaguera y Henríquez (1999).

Señales desde el Mercado Laboral

Escrito en conjunto con Marcela Perticará.

El salto que mostró la tasa de desempleo del Gran Santiago en el primer trimestre del año, que alcanzó 9,4%, sorprendió a todos y sin duda son malas noticias. Esta cifra no sólo es importante en el contexto actual sino que también desde una perspectiva histórica. En efecto, la tasa de desempleo en el Gran Santiago sobrepasó los dos dígitos sólo en los años 80, como consecuencia de la crisis asiática en 1998 y de la crisis financiera subprime de 2008. La pregunta que surge ahora es porqué el desempleo está reaccionado recién, cuando en términos de actividad la economía chilena mostrando resultados bastante flojos desde incluso los últimos meses de 2013. Incluso se habló de desacoplamiento del mercado laboral considerando que la tasa de desempleo a nivel nacional se ha mantenido acotada a niveles cercanos a 6%. Efectivamente las cifras nacionales (e incluso las del gran Santiago) han mostrado cierta resiliencia del mercado laboral a lo largo de los últimos dos años, y lo que se ha notado más bien es un ajuste hacia la precarización del empleo más que incrementos del desempleo. Ahora bien, aparentemente la resiliencia observada no necesariamente está ligada a un desacoplamiento del mercado laboral respecto del ritmo de la economía ya que si bien está en franca desaceleración, no está en recesión. Así, la información de los próximos meses en materia de actividad será crucial para saber la respuesta del desempleo.

Para efectos de análisis es importante destacar que la tasa de desempleo del Gran Santiago, en las grandes subidas, tiende a anticiparse en aproximadamente dos trimestres a la nacional, operando como un indicador líder de la tasa de desempleo a nivel nacional en épocas de baja actividad. Pasó en 1998 y luego en 2008. Más aún, un test estadístico de causalidad entre ambas indica que el desempleo del Gran Santiago  tiene información relevante para predecir el desempleo nacional. A la inversa la relación es más bien débil. Estos argumentos nos llevan a pensar en que en los próximos meses debiéramos empezar a ver ajuste al alza en la tasa nacional.  Ello significa que el dato del Gran Santiago puede seguir pronosticando malas noticias en términos de actividad . Lo anterior se confirma con la publicación de las cifras de empleo para el primer trimestre del año, donde el desempleo nacional subió a 6,3%, un nivel similar a la que nuestro modelo de predicción basado en la cifra del Gran Santiago arrojaba: 6.4%.

Hemos confirmadoque independientemente del indicador global de desempleo, el mercado laboral viene mostrando en los últimos 24 meses indicios de deterioro, con amplios movimientos entre grupos ocupacionales, y un deterioro en el nivel de empleo asalariado. En 12 meses el empleo asalariado crece un magro 0.1%, en tanto que el trabajo cuenta propia lo hizo en 7%. La categoría de empleadores, que en cierta forma refleja a los grupos vulnerables microempresarios, cae 7.2%. Las cifras por género muestran que la situación de las mujeres en el mercado laboral ha venido empeorando con una caída de 0.4% en 12 meses del empleo asalariado femenino.

Aún sin tener las cifras desagregadas para este último mes, ya en el trimestre anterior se veía el empleo asalariado para los grupos menos educados (con educación media o menos) prácticamente estancado (e incluso decreciendo ligeramente) desde mediados del año pasado. El panorama luce más desolador si vemos los cambios en 24 meses. En los últimos 24 meses, el empleo asalariado y por cuenta propia de los trabajadores de más baja calificación (sin educación media), decreció 1% y 2% respectivamente: estos trabajadores sencillamente están buscando empleo o se han pasado a la inactividad.

Resumiendo, no es razonable esperar en el corto plazo una recuperación del nivel y calidad del empleo. Ciertamente expansión de los trabajos independientes o por cuenta propia han hecho de buffer en los últimos meses. De hecho, y siguiendo a la tasa de Desempleo del Gran Santiago, la tasa de desempleo a nivel nacional podría empinarse sobre 7% hacia el segundo trimestre del año.[1]

[1] La predicción puntual es 7,1% con un intervalo de confianza al 95% de 5,8% y 8,4%

¿Qué pasa con los anuncios en el Mercado Laboral?

Escrito en conjunto con Marcela Perticará y publicado en la Revista Observatorio Económico de la Universidad Alberto Hurtado (ver)

Desde hace ya varios meses que esperamos  con ansias la publicación mensual de la tasa de desempleo con el fin de tomar  la temperatura a la situación actual  del mercado laboral. Y cada vez que la conocemos,  la reacción es sistemáticamente la misma: alivio y extrañeza de que la tasa no se haya disparado frente al pobre desempeño de los indicadores del nivel de actividad[1]. Lo cierto es que este aparente desacople entre la tasa de desempleo y el nivel de actividad no es tal, ya que replica lo sucedido en el marco de otras crisis en  la economía chilena: la tasa de desempleo reacciona fuertemente a grandes recortes/aumentos en el nivel de actividad, pero permanece relativamente estable en períodos de niveles de actividad bajos (aun así acompañando en sentido contrario el movimiento del nivel de actividad). Esto puede observarse claramente en el Gráfico 1, donde se hace evidente que sin conocer los próximos 12 meses, no contamos con suficiente información para sostener este desacoplamiento. Este comportamiento del mercado laboral en el país es consistente con lo reportado por la literatura. Estimaciones para otros países sobre la relación empírica entre la tasa de desempleo y la actividad económica (Ley de Okun) muestran que aunque la correlación entre estas dos variables es fuerte y estadísticamente significativa[2], esta tiende a no ser estable en el tiempo y varía según el grado de severidad del ciclo económico.[3]

La relativa estabilidad en la tasa de desempleo que se observa en este escenario de desaceleración (ver Gráfico 2) esconde importantes heterogeneidades, que efectivamente pueden estar respondiendo fuertemente a las pocas expectativas de crecimiento. Por ejemplo, si bien el empleo total muestra un crecimiento anual de 1,8% en el último trimestre móvil disponible hay importantes movimientos entre grupos ocupacionales, lo que puede evidenciar que el mercado sí se estaría ajustando paulatinamente a las condiciones macroeconómicas.

El empleo asalariado crece un magro 0.98% en doce meses, en tanto que el trabajo cuenta propia lo hizo en 2.1%. Además, el empleo asalariado de los sectores más educados de la población ha tendido a desacelerarse sistemáticamente desde mediados del año pasado, cortando su crecimiento en doce meses de 13,2% a 4,3% para los trabajadores con educación universitaria o más y de 7,6% a 4,3% para los técnicos-profesionales (ver Gráfico 3). El empleo asalariado para los grupos menos educados (con educación media o menos) está prácticamente estancado (e incluso decreciendo ligeramente) desde mediados del año pasado (ver Gráfico 4). El panorama luce más desolador si vemos los cambios en 24 meses. En los últimos 24 meses, el empleo asalariado y por cuenta propia de los trabajadores de más baja calificación (sin educación media), decreció 1% y 2% respectivamente: estos trabajadores sencillamente están buscando empleo o se han pasado a la inactividad.

En suma, si bien la tasa de desempleo agregada no muestra grandes cambios en respuesta a la actividad económica, hay bastante heterogeneidad en la respuesta de distintos grupos de población. Además, a pesar que el empleo sigue creciendo en doce meses, se está precarizando principalmente en los grupos vulnerables de la población. Por supuesto que los resultados de los primero meses del año llevan consigo un componente estacional, no obstante hay señales de deterioro en el mercado laboral en los últimos 24 meses.

Esta semana se dio a conocer el nivel del IMACEC para el mes de febrero; el nivel de actividad mostró un repunte aumentando de 1.9% con respecto a febrero del año pasado, y 0.8% con respecto al mes de enero. Estas son buenas noticias, pero hasta no ver consolidación de tendencias en los principales sectores económicos, es un poco prematuro hablar de recuperación. Recordemos que ya a principios del año 2015 también se experimentó un repunte de la actividad económica, que se desaceleró rápidamente en el segundo semestre. La preocupación es qué tan rápido podría reactivarse el mercado laboral, en particular el empleo asalariado de grupos de baja calificación, que ha tenido tasas de crecimiento muy bajas en los últimos meses.

El paquete de medidas para impulsar la productividad y ampliar la capacidad de crecimiento de la economía anunciadas por el Gobierno este mes.pueden, en el margen, generar algún impacto en la capacidad de creación de empleo de la economía, pero no es claro ni esperable que se rompa tan fácilmente esta inercia. Tampoco es razonable suponer que el precio del cobre se recuperará de manera sustantiva este año, y el escenario de mayores precios en 2017 también es incierto. Según predicciones de algunos bancos de inversión, el precio del cobre podría recuperarse durante el próximo año pero dependerá de qué tanto se revierta la desaceleración de la demanda de materias primas de China.  (según datos del FMI de este mes el crecimiento de China se desacelerará a 6.5% este año y a 6.2% en 2017) y del nivel real de excedentes del metal acumulados en los últimos dos años de baja.

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[1] Recién para el mes de Febrero; el nivel de actividad mostró un repunte, con un aumento de 1.9% con respecto a Febrero del año pasado, y un 0.8% con respecto al mes de Enero, pero no es clara aún la tendencia de esta serie.

[2] Para el caso de Chile estimamos que, en promedio para el periodo 1990-2015, por cada punto porcentual de crecimiento del IMACEC por sobre su tendencia, la tasa de desempleo se reduce en 0.05 puntos porcentuales. Tomando subperíodos, se observó una relación de 0.054 en los 90s y hasta la crisis asiática, la misma que se redujo a 0.014 durante los 2000s y hasta la crisis financiera de 2008 y se incrementó a 0.090 en el período post crisis financiera.

[3] Ver por ejemplo el capítulo 3 del World Economic Oulook del FMI de abril 2010.